Artículo de Manuel Pimentel publicado en The Objective

Desayuno en el Hotel Cortijo Santa Cruz, en Villanueva de la Serena, adonde acudí para pronunciar una conferencia –La agricultura en tiempos de complejidad– en el seno de las XVI Jornadas Técnicas de ACOPAEX, una gran cooperativa de segundo grado. Mientras tomo el café, las noticias de la televisión hablan de la fuerte subida de los alimentos en toda Europa. Los consumidores protestan, los gobiernos se inquietan. Todos, en parte significativa, al menos, culpabilizan a la cesta de la compra de la inflación que los atormenta. Dominado el potro salvaje del petróleo y el gas, sólo los irredentos alimentos, argumentan, ceban el amenazante ascenso de precios. Los portavoces de algunas organizaciones y partidos, con voz agria y arrogante, exigen, incluso, que se intervengan los mercados y que se pongan límites a los precios de los alimentos básicos, que, a la hora de la verdad, son casi todos ellos. Otros responsabilizan a especuladores y cadenas de distribución, a los que quieren criminalizar. Sin embargo, no escucho ninguna autocrítica, de autoridad alguna, por el cómo hemos podido llegar hasta aquí. La culpa, como es habitual, siempre es de los demás.

Toda la cadena alimentaria, desde el agricultor hasta los supermercados están bajo sospecha para una sociedad urbana acostumbrada a precios ridículos. Por eso protestan y cargan contra todo lo que se mueve en el ámbito alimentario. Gritan airados, con convicción y deseo, dicen, de justicia. Sin embargo, nada dijeron cuando, los precios hundidos durante años, arruinaban a agricultores y convertían su actividad en un mero ejercicio de subsistencia. Por el contrario, murmuraron entonces contra los agricultores, ganaderos y pescadores, por atentar –según su versión– contra el medio ambiente y vivir como parásitos de las subvenciones de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Y mientras que la sociedad urbana –la que manda, la que vota, la que impone imaginarios– los despreciaba, las clarividentes autoridades comunitarias animaban al abandono de tierras y a la disminución de cupos pesqueros y ganaderos. Y, por si fuera poco, se dificultaba extraordinariamente la actividad, cuando no se prohibía directamente, de granjas, invernaderos, regadíos, trasvases, silos, mataderos o piscifactorías, por citar tan sólo algunos ejemplos de infraestructuras agrarias.

Para la sociedad urbana, las inversiones en el campo eran rechazables, atentaban contra su idea de naturaleza. Brillantes, los chicos. Y, al final, como no podía ser de otra forma, pasó lo que tenía que pasar, la producción bajó y los precios subieron en consecuencia. Es cierto que la sequía ha restado producción, pero también lo es que la agricultura lleva olvidada y relegada demasiados años ya. La venganza del campo ha llegado para quedarse por un tiempo, al menos hasta que no logremos implantar las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria, en cantidad y calidad, que pasa por dar un giro que garantice la producción y que permita una renta digna a los agricultores. Si estos no ganan con sus cultivos, no plantarán ni invertirán. Y, si no se autorizan sus inversiones y si, encima, se premia la baja producción, la venganza no hará sino acentuarse.